<b> LA CARAVANA DEL HAMBRE, SALE DE GUACHOCHI,<br> <br> QUINTANA LES HACE FUCHI<br> <br> BLANCO QUIERE SER MORENO<br> <br> 
LA MENTA-DA; Vialidad violenta derechos humanos de diputada</b>

LA CARAVANA DEL HAMBRE, SALE DE GUACHOCHI,

QUINTANA LES HACE FUCHI

BLANCO QUIERE SER MORENO

LA MENTA-DA; Vialidad violenta derechos humanos de diputada



AYER partieron de Guachochi un grupo de unos 180 indígenas que estarán llegando a Chihuahua capital, en unos 22 días para plantarse frente a Palacio de Gobierno, en donde pedirán que se les generen oportunidades dentro del programa Sembrando Vida, más los que antes se conocían como Prospera.

Cierto es que, los programas a los que aspiran, como Sembrando Vida, es un anunció o promesa de campaña del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en donde se les otorgarían a los originarios y otros pobladores serranos, cinco mil pesos por mes para cuidar los bosques para nuestro, caso, evitar la tala inmoderada y clandestina, además de entrarle a la reforestación.

Los integrantes de la marcha denominada del Hambre, en donde participan decenas de mujeres, no saben que las promesas de campaña, muchas son del corazón, como las teorizó el ex secretario de Educación del Gobierno del Estado, Pablo Cuarón Galindo y que Prospera ya no existe.

La realidad para las cuatro etnias de Chihuahua, es que tienen hambre, más toda la problemática que de ahí se deriva, como la salud, inseguridad, ignorancia, mortandad, y sólo quieren trabajar, pero no hay patrón que los emplee, menos en su localidad.

Vienen a Chihuahua a exhibir al mundo, que son víctimas invisibilizados de todos los gobiernos en la historia y de todos los niveles como siempre.

Ayer, el Secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, el ex luchador social y defensor indígena, Víctor Quintana Silverya, afirmó que la marcha se había cancelado, gracias a la intervención de sus secretaría y otras a favor de los indígenas, pero ni una ni otra cosa sucedió, los medios lo tacharon de Pinocho y de haberse alejado de sus ideales, o más bien de sus falsos posicionamientos en defensa de los jodidos, porque sus ideas son otras y ahora está en el chupe oficial, como otros pseudo luchadores.

No hay acciones a favor de los nativos, decíamos en ningún nivel de gobierno y la marcha que partió de Guachochi, está llegando esta noche a Bocoyna, en donde pernoctarán, para el cuando el sol se ponga, por lo menos, así lo anunció el líder regional Ramón Gardea, a través, de un enlace telefónico.

El grupo viene lento pero firme, en cada comunidad reciben frijol, tortillas y agua. A Quintana y al gobernador Javier Corral, les piden por lo pronto, que le envíen agua y pinole. Consideran que es nada en comparación con los millones de pesos del erario público, uso de vehículos, hoteles, aeronaves y más, que se utilizaron en la caravana de Corral hacia la Ciudad de México.



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FINALMENTE ocurrió que siempre sí el empresario y ex alcalde, Juan Blanco Saldívar, buscará su afiliación a Morena y anunciará, su renuncia al Partido Acción Nacional, lo que ya había adelantado, ante el desplazamiento no formal, en que lo mantiene el gobernador Corral y la dirigencia estatal.

Blanco, se reunió con el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar el fin de semana pasado, en una reunión a petit comité, organizada por Juan Villarreal, en donde finalmente Blanco dio el sí.

Desde luego que el también ex diputado federal, tiene su corazoncito y el arribo a Morena, tiene que ver con volver a la política electoral, para buscar una candidatura para la Presidencia Municipal de Chihuahua, en donde los tirados por Morena y el PAN son tantos que la suma de los dedos de la mano no alcanzan.

Morena ya dijo que es un buen tipo, pero que no hay afiliaciones hasta el otro años, bien pero Morena, como se decían en generaciones pasadas no se manda sólo.

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Finalmente lo que menos importa es el arresto de la diputada Local de Morena, Ana Carmen Estrada García, por conducir su vehículo en primer grado de ebriedad. El problema ahora se centra en dos temas, el primero parece sencillo, y se ubica en la actitud de la diputada ante la autoridad a quien primero les dijo que era asesora del Congreso del Estado y la mentada de madre que a los “descerebrados” agentes les propinó propinó.

Desde luego que la actitud no fue la mejor, se trata de una mentira y un error innecesario. Pero lo que ahora llama la atención en la segunda hipótesis, es la filtración del video de su arresto y el certificado médico de su estado de salud.

Ambas filtraciones seguramente obedecen a una venganza de alguien al interior de Vialidad que ordenó “quemarla”, por su actitud prepotente, o aprovechando el error de la legisladora, una exhibición pública, para que se de cuenta que el poder es para joder.

Como haya sido, el gobierno del Corral, en su Fiscalía General y la Función Pública, lejos de burlas y exhibiciones públicas, deben de conocer que la filtración es un delito (para la autoridad) y para nuestro caso específico, se exhiben al público información que la Ley de Protección de Datos Personales, no lo permiten, por considerarlos que son datos sensibles, es decir, un médico no puede, ni siquiera a los familiares de un paciente, mostrar su expediente.

Conducir en estado de ebriedad, es una infracción a la Ley de Tránsito; el dictamen o diagnóstico médico, es un una información sensible, la diputada se convierte por lo tanto en paciente, si no por qué o para qué, el examen lo práctica un médico y no un policía Vial.

En países en donde realmente, se aplican estas leyes, como la Protección de Datos Personales, que en México está elevada a garantía constitucional, está graciosada, le hubiera costado al médico sanción de unos 250 millones de pesos, más suspensión de servicio de servicio y cédula para ejercer durante cinco años (en promedio).

Ahora hay que ver si se va a investigar al respecto, o pasamos esta violación a los derechos humanos, como es recurrencia del actual gobierno estatal.

Hay que conocer quién agente capturó el video, el médico (Leonardo Baruch Aguirre Delgado), a quién se le entregó la información, quien la filtró y quién ordenó que se filtrara.?. Son muchas respuestas pero las respuestas son sencillas, así como de primaria, a ver qué dice el Director de Vialidad, Javier Palacios Reyes y de él hacía arriba.

Y otra cosa más un arresto, significa un proceso, legal, civil, administrativo o mercantil, y por lo tanto no se puede hacer público, por lo menos hasta que un juez calificador, digamos de manera económica, emita su sentencias.

Bajo estos argumentos y otros en la Ciudad de México, el ciudadano que es detenido en estas condiciones, tiene a su alcance la posibilidad de ampararse, como lo hizo el gobernador del Estado Javier Corral Jurado, cuando era senador: Se aparo Ipso Facto, no purgó prisión y aún debe 10 horas de cautiverio, aunque a estas alturas ya es de risa.