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Contiene Duarte rumores sobre Herrera

Cambiar mesa directiva de CTC, urgente

Agudas observaciones de Gustavo Morales

Congreso indeciso en crisis del Ichitaip


La Tronera




25 de marzo de 2014.



El Gobernador César Duarte atajó pronto los rumores que empezaron a circular desde el pasado fin de semana en el mundillo de la política y los dueños del pueblo, sobre la posibilidad de que Jaime Herrera abandonara la Secretaría de Hacienda, a efecto de regresar a la dirección de lo que pronto será el Banco Progreso Chihuahua.

No era conveniente para el adecuado desempeño de una secretaría tan importante como Hacienda, que rumores o versiones de fuentes “confiables y bien informadas” trastocaran su operación. En consecuencia el Gobernador personalmente atajó la pelota, afirmando que Herrera continuará en su cargo.

Como todo político depurado, con responsabilidad ejecutiva, Duarte sintió que lo menos recomendable era permitir que los rumores provocaran una crisis ficticia en su administración. Ahí está su respuesta, no hay movimientos y punto. La administración pública es muy dinámica y mañana el escenario podría ser otro; sin embargo por ahora Jaime se queda en Hacienda.

En el tema de las últimas semanas, la crisis del ViveBús, se empieza a decantar una solución que no lleve implícita la medida radical de una requisa general, el mayor temor de los concesionarios, convertido ahora en socios de CTC, dado que perdería concesiones y con ellos dejarían la sociedad y su negocio.

Hay indicios en el sentido de que diversos actores de la administración estatal, entre los que destacan Raymundo Romero y Memo Márquez, exploran una salida política para mover a toda la mesa directiva de la empresa, empezando por su presidente el Güero Lozoya y el secretario, Juan Gómez.

El proyecto original del nuevo sistema de transporte contemplaba que los socios estarían fuera de la mesa directiva, es decir que la empresa sería manejada por profesionales desvinculados a las organizaciones sindicales. Serían simplemente especialistas que recibirían sus salarios conforme al mercado laboral vigente al nivel de responsabilidades, como en toda empresa.

Al inicio del nuevo sistema, esa idea reventó frente a los intereses de la poderosa CTM, que nunca se avino a perder el control del transporte. De esa manera, cuando dieron gorilazo sindical a la mesa directiva presidida por el ingeniero Armando Méndez, en lugar de nombrar especialistas en manejo del transporte público, los socios con mayores intereses económicos y más comprometidos con sus centrales sindicales, ocuparon los cargos directivos.

Mover con eficacia un moderno sistema de transporte, como el que pretende la ciudad y el gobierno, es imposible siempre que lo intenten con los viejos vicios, intereses y personas del viejo sistema. Simplemente no es factible, lo han dicho especialistas una y otra vez.

Es ahí donde radica el mayor de los errores; por eso se impone una solución que no pase por los intereses del llamado pulpo camionero y su dirigente, Jorge Doroteo Zapata. ¿Tomará el gobierno esa solución como el paso definitivo para resolver la crisis? Cosa de esperar, pero dejando a un lado los intereses políticos y gremiales, teniendo como premisa el mejor servicio a la sociedad, no se advierte otra salida mas que la requisa total del transporte, si en verdad quieren prestar un servicio eficiente, justo y confiable.

Sólo para que usted, querido lector, se dé una idea de cómo ven la crisis del ViveBús algunos funcionarios, un comentario suelto: Gustavo Morales, director del Transporte, ha dicho a cuantos quieren escucharlo que ya se dio cuenta que el problema está en que faltan unidades en las rutas alimentadoras y en la ruta troncal.

¡Ya se dio cuenta que faltan camiones! Con esas observaciones tan agudas Gustavo regresó el problema a los últimos de agosto del año pasado, cuando Jaime Enríquez peleaba contra concesionarios por la falta de camiones en las rutas alimentadoras. Si ya se dieron cuenta dónde está el problema, por qué entonces no exigen a todos los concesionarios que no entregaron unidad, que la lleven a la de ya o los retiran de la sociedad.

Los especialistas lo han dicho de mil formas: el problema no es de logística, ni de sistema de recaudo, ni de falta de camiones, ni de boicot de los choferes. Está en la intervención de intereses sindicales en la empresa, como se dijo arriba.

Los tiempos alcanzaron al Congreso del Estado y todavía ayer no había definición pública sobre si llevarán al Pleno el caso de las consejeras del Ichitaip impugnadas o pedirán una prórroga, en espera de que llegue la comunicación de Palacio, a fin de que los diputados tengan claridad sobre los nombres elegidos para sucederlas.

La lógica es que no le den largas, que resuelvan a más tardar mañana –se supone que hoy podrían resolver lo referente a los tiempos, dado que todavía ayer estaban “depurando” los últimos veinte nombres- fecha límite impuesta por el Juez.

De otra forma los diputados se arriesgan a que el abogado Rodolfo Leyva invoque la figura jurídica de la afirmativa ficta, como instrumento para que el juez lo instale en el Consejo, sobre la base de que –según él- fue el único que cumplió con todos los requisitos y se sacó puros dieces, quedando número uno en la lista de candidatos.

Aguas, no es un tema menor, la justicia federal está indispuesta contra el Poder Legislativo en general y dado que no puede cargar la mano a La Corte, lo hace con los Congresos estatales, de lo cual en pasadas legislaturas sus diputados han sido testigos.

Es más fácil apresurar hoy la definición política y darle escrupuloso cauce legal, que comprometer la dignidad del Congreso con otro fallo revocatorio a causa de pruritos legaloides asociados al incumplimiento de los tiempos.








 
 
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